Colegios privados pidieron audiencia al gobernador por la difícil situación que atraviesan
Aseguraron que recibieron “destrato” de parte de las autoridades del ministerio de Educación.
La Asociación Civil de Escuelas Privadas (ACIEP) solicitó nuevamente una audiencia con el gobernador Alberto Rodríguez Saá con el fin de darle a conocer la complicada situación por la que atraviesan.
En diciembre del año pasado, según contaron, ya habían pedido ayuda al Gobierno tras la activación de la cláusula gatillo. Sin embargo, no tuvieron respuesta.
Tras el nuevo incremento que otorgó la Provincia hace unos días, ACIEP apeló a una reunión. Sostienen que está en peligro la continuidad de algunas escuelas públicas de gestión privada y tendrían que reducir el personal.
“Nos vemos afectados con los aumentos salariales que se otorgan sin una mínima participación por parte de nuestras instituciones”, reclamaron.
Entre las problemáticas planteadas a través de la nota, señalaron una pérdida en la matrícula y la disminución desde el año 2007 en los porcentajes de subvención.
Por esto, pretenden que se haga una revisión en los convenios en los cuales el Gobierno exige “en forma autoritaria y perentoria la elevación de gran cantidad de documentación”.
Asimismo aseguraron que para otorgarle el subsidio a aquellos establecimientos que no lo perciben, piden ciertos requisitos cuando el trámite debería ser “automático”; y así “dar cumplimiento a la ley de educación privada y al principio de equidad”.
Por otra parte denunciaron “destrato” de parte de “funcionarios del Área de Escuelas Privadas”, y “desvalorización y tratado discriminativo” hacia los colegios.
“No se nos permite acceder a capacitaciones tales como el tratamiento de ESI (solo por ser docentes de escuelas de gestión privadas), no se nos entrega material didáctico y nunca hemos sido recibidos como ACIEP desde el año 2007”, agregaron.
Por todo ello, es que otra vez solicitaron ser recibidos a la brevedad.
“Somos escuelas con alumnado que nos eligen, somos una fuente de trabajo, nuestros costos son menores para el Estado, nuestros empleados no pertenecen al Estado y tampoco generamos gastos de insumos o mantenimiento de edificios”, concluyeron.